Al acoger la solicitud de una fiscalía especializada Gaula, un juez penal de Buenaventura avaló la imputación de cargos contra el intendente activo de la Policía Nacional, Giovanni Arbeláez Bermúdez, y dictó en su contra medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El ente investigador imputó cargos al uniformado como presunto autor material del delito de concusión en concurso homogéneo, cargo que no aceptó.
Arbeláez Bermúdez fue denunciado ante la Fiscalía por un interno del centro de detención transitoria ‘Marte’, quien declaró que, abusando de su cargo, el intendente lo habría presionado para que pagara varias sumas de dinero por su trabajo en una tienda de comestibles, que administraba dentro del penal.
Según la denuncia, el dinero debía ser entregado por su mamá, durante las visitas al centro de detención. Si la víctima no pagaba lo haría trasladar a la cárcel distrital de Buenaventura.
El uniformado, presuntamente, le exigía pagos de $40.000 para poder ingresar los productos que comercializaba entre los detenidos. Asimismo, le exigía el cancelar una comisión por el valor total de las ventas de toda la semana.
Dos testigos corroboraron ante la Fiscalía lo denunciado por la víctima, uno de los cuales presuntamente le entregó varias sumas de entre $100.000 y $2.000.000.
Agentes de la Policía Nacional capturaron a Giovanni Arbeláez Bermúdez en un sector céntrico del municipio de Buga (Valle del Cauca), cumpliendo una orden de captura emitida por un juez penal con control de garantías. .
La Fiscalía habla con resultados
JGPV/FAGH/LVB/DSV
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
