Ante las evidencias recaudadas, un juez penal de Popayán acogió la solicitud de un fiscal de la Unidad de delitos contra la administración pública y dictó medida de aseguramiento contra el intendente de la Policía Nacional, Franklin Alexander Prado Rosero, consistente en detención preventiva en centro carcelario.
El uniformado fue imputado con cargos como presunto autor material del delito de concusión.
Prado Rosero fue denunciado en la Fiscalía por una ciudadana, quien declararó que el 25 de octubre de 2022, estando en la parte externa del santuario de Nuestra Señora de Belén, tomándose unas fotos en compañía de una amiga, fueron abordadas por dos agentes de una patrulla motorizada de la Policía. Ambas mujeres se movilizaban en motocicletas.
Según la denuncia, los agentes les solicitaron a las víctimas los documentos de propiedad de los dos vehículos, quienes no los presentaron. Para evitar llamar al personal de la Policía de Tránsito, los policiales les habrían solicitado entregar dinero.
La amiga de la denunciante le habría entregado $150.000 a uno de los agentes, mientras que ella le pasó al otro uniformado su teléfono celular con $300.000 dentro del estuche. Ambos servidores se quedaron con el dinero y el celular.
Iniciadas las indagaciones, investigadores de Policía Judicial recaudaron material probatorio en el sitio de los hechos, tomaron testimonio de testigos del encuentro entre las víctimas y la patrulla de motorizados e individualizaron a los agentes, presuntamente comprometidos en las exigencias económicas.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, capturaron al Intendente Franklin Alexander Prado Rosero, cumpliendo una orden emitida por un juez penal municipal.
Durante las audiencias concentradas, el subintendente Prado Rosero no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.
Esta información se publica por razones de interés general .
La Fiscalía habla con resultados
JGPV/FAGH /GAMM/DSC
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
