La Fiscalía cuenta con información que evidenciaría la afectación al erario en por lo menos 110 millones de pesos.
Para la Fiscalía el procesado habría excedido sus funciones al obtener doble remuneración del Estado.
Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar consiguió que un juez de control de garantías impusiera medida privativa de la libertad en contra de un funcionario de la Secretaría de Educación de Cartagena, presuntamente implicado en hechos de corrupción.
Se trata del Félix Augusto Escorcia Atencio quien, al parecer, se valió de su cargo en el Fondo de Servicios Educativos (FOSE), para conseguir que rectores de distintos colegios le permitieran manejar los informes contables trimestrales de dichos planteles.
Para esto, se considera que el procesado suscribió; entre 2020 y 2023, varios contratos que fueron ejecutados por una tercera persona. También habrían definido que los pagos por dichas labores fueran entregados a su hijo, Felix José Escorcia Gómez.
Estas acciones habrían permitido que el funcionario público y su familiar, al parecer, se apropiaran de por lo menos 110 millones de pesos del erario.
La fiscalía imputó a Escorcia Atencio y Escorcia Gómez, según sus responsabilidades individuales, delitos como peculado por apropiación, abuso de la función pública y enriquecimiento ilícito, cargos que no aceptaron. Además, cada uno deberá una caución superior a los 10 millones de pesos.
Por estos hechos ya fueron procesados los rectores de dos colegios públicos que, se cree, facilitaron el actuar ilegal de los ahora judicializados.
Esta información se publica por razones de interés general.
MEVA/LMFO/MAGA/DC/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
