Los procesados se movilizaban en una camioneta y fueron interceptados en Pitalito (Huila).

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó ante un juez de control de garantías a Gonzalo Rodríguez y Bayron Andrés Guevara Rodríguez, padre e hijo, respectivamente, quienes transportaban ocultos en una camioneta 1.311 millones de pesos en efectivo.

Los dos hombres habrían salido de Popayán (Cauca) y pretendían llegar a Puerto Asís (Putumayo). En el camino fueron interceptados por personal del CTI de la Fiscalía y unidades del Batallón Magdalena del Ejército Nacional en un punto conocido como El Cable, ubicado en la vereda El Cedro, en Pitalito (Huila).

Los funcionarios estaban a cargo de una investigación en la que conocieron información precisa sobre el movimiento irregular de dinero. En ese sentido, localizaron el vehículo, lo inspeccionaron y, en la parte baja de la silla trasera, encontraron un compartimiento en el que iban ocultos los fajos de billetes de varias denominaciones.

Los ocupantes del automotor no pudieron explicar el origen de la suma ni portaban documentos que justificaran el traslado, por lo que fueron capturados en situación de flagrancia. La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

Por disposición del juez de control de garantías, Bayron Andrés Guevara Rodríguez recibió media de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario; mientras que su padre seguirá vinculado al proceso.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

MAGA/JARG/CEVS/DECLA/MRC

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.