Las procesadas fueron capturadas en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la judicialización de Delvis Sujey Medina Herrera, María Esther Vélez Araujo; y a las hermanas Olga Lucia y Vilma Pertuz García, como presuntas responsables de dar apariencia de legalidad a dineros adquiridos por la captadora ilegal Elite International Américas S.A.S.
Las mujeres fueron capturadas por investigadores del CTI adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF), en diligencias realizadas en Barranquilla (Atlántico). La Fiscalía las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados.
De acuerdo con los elementos de prueba, Delvis Sujey Medina Herrera y su exesposo habrían diseñado un entramado ilegal que consistía en comprar bienes con los recursos captados por Elite Internacional y, posteriormente, entregarlos a terceros mediante la figura de dación en pago. Entre las personas señaladas de recibir los activos están las hoy procesadas.
Como parte de las acciones judiciales realizadas por la Fiscalía en este caso, se cumplieron diligencias de allanamiento en 10 bienes inmuebles avaluados en 26.000 millones de pesos y 900 hectáreas destinadas al cultivo de palma africana y a la ganadería en Pivijay (Magdalena). Estas propiedades serán destinadas a la reparación de las víctimas de la firma captadora Elite International Américas S.A.S.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/CEVS/DECLA/LABF/DFC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
