La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhonatan David Palma González y a un adolescente, de 16 años, por su presunta participación en la retención ilegal de un ingeniero civil, el pasado 12 de febrero, en zona rural de la vereda Canastos de El Espinal (Tolima).
Fiscales de la Seccional Tolima les imputaron, según sus responsabilidades individuales, los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado; ambas conductas agravadas; y uso de menores para la comisión de delitos para el caso del adulto. Cargos que no fueron aceptados.
El pasado 11 de febrero, el ingeniero civil recibió una llamada para realizar un trabajo de topografía en una finca de El Espinal. Al día siguiente, cuando llegó a cumplir la cita, fue abordado por tres personas, entre ellas el hoy asegurado quienes lo guiaron hasta una zona boscosa del sector de la quebrada Agua Sucia de la vereda Canastos, donde, estaban esperando dos sujetos más, que, al parecer, bajaron a la víctima de su vehículo, lo golpearon y ataron de pies y manos.
Los presuntos secuestradores se apoderaron de dos celulares, la billetera con las tarjetas de crédito y dinero en efectivo. Además, se habrían comunicado con la familia de la víctima, a quienes les exigieron el pago de 28 millones de pesos, para la liberación.
Palma González sería el encargado de vigilar a la víctima, para evitar que huyera y dar aviso a los otros involucrados de situaciones sospechosas.
Servidores del Gaula de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a este hombre y aprehendieron al adolescente. Además, lograron el rescate del ingeniero civil.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Palma González. Mientras que el joven fue cobijado con medida de internamiento preventivo.
PAAM/LMFO/AMCJ/ACR/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
