El investigado sería el cabecilla de un grupo delincuencial autodenominado ‘Los Niches’ o ‘Zetas’.
La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a Andrés Murillo Palacio, alias Zarapa, quien habría participado en el homicidio de tres personas el 21 de mayo de 2023, en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.
Este hombre sería el cabecilla del grupo delincuencial denominado los ‘Los Niches’ o ‘Zetas’, dedicado al cobro de extorsiones y a la venta de estupefacientes al menudeo, en el sector conocido como Villa del Diamante.
La investigación da cuenta de que ‘Zarapa’, al parecer, invitó a las víctimas a un establecimiento de comercio de su propiedad para buscar solución a algunas diferencias que se habían presentado, pues se oponían al actuar ilegal de esta estructura en la zona. Posteriormente, cuando llegaron al lugar indicado y estaban en condición de indefensión, les habría disparado y robado sus pertenencias.
En este sentido, un fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos de la Delegada para la Seguridad Territorial le imputó los delitos de homicidio agravado, hurto calificado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir agravado.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir una nueva medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, en el entendido de que actualmente permanece privado de la libertad por otros hechos delictivos.
Esta información se pública por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/JARG/CAM/DST/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
