Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación dio inicio a la acusación formal de la ex Contralora General de la  República, María Sandra Morelli Rico, quien deberá responder por las presuntas irregularidades que se presentaron en los contratos para conseguir la nueva sede de esa entidad en el centro comercial Gran Estación, al noroccidente de Bogotá.

En desarrollo de la audiencia, el Fiscal 10° delegado ante la Corte indicó que la excontralora, al adelantar los contratos 233 y 234 para la ubicación de la nueva sede, incurrió en actos irregulares y antijurídicos, razón por la cual deberá responder por el delito de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Con la celebración de dichos contratos, la excontralora Morelli Rico violó los principios de planeación, de economía y el deber de selección objetiva.

Morelli Rico, al parecer, obró ilegalmente al trasladar de manera arbitraria e irregular las dependencias de esa entidad, creando para tal fin diversos proyectos que utilizó como pretexto para suscribir el 29 de marzo de 2012, con la sociedad Proyectos y Desarrollo, representada por Rafael Augusto Salazar López, el contrato, explicó el fiscal del caso.

Igualmente, de manera consciente y voluntaria, sin ponderar los costos y las consecuencias económicas que tenía la firma de esos contratos, la exfuncionaria pública obró desconociendo los estudios de mercado, la justificación de la selección de contratos, la disponibilidad presupuestal, la elaboración de contratos y la configuración de sus cláusulas.

Explicó el fiscal, que con la celebración de los contratos 233 y 234 de 2012, la ex Contralora General de la República causó un detrimento patrimonial al erario en suma cercana a los $12 292 636 463, derivados del pago injustificado del arrendamiento  entre el 15 de julio al 14 de septiembre de 2012, y por el sobrecosto del valor del canon; violando así los principios de buena fe y de economía.

“La excontralora obró con desprecio hacia las normas establecidas y solo por capricho firmó el traslado de las dependencias de la entidad que funcionaban en sus sedes de la Torre de Colpatria, del Cardenal Crisanto Luque y de las Bodegas de Álamos (…) como cabeza del ente de control, impulsó, dirigió y definió  una  caótica estrategia administrativa que a cualquier costo le permitiera contar con los recursos públicos, para acceder de manera irregular a una nueva sede, a pesar del detrimento que ello representaba”, agregó el representante del ente acusador.

Sandra Morelli nunca demostró la necesidad de evacuar la torre Colpatria, donde funcionaba la Contraloría y tampoco atendió los llamados del gobierno nacional  a través de planeación y el Ministerio de Hacienda para que se hiciera un traslado temporal.

En la presentación inicial del escrito de acusación el fiscal señaló que la procesada ofreció un análisis falaz de ocurrencia y oportunidad sobre el acuerdo temporal para lograr el traslado.

Argumentó el fiscal que la excontralora como ordenadora del gasto eludió el requisito de contratación, pues no calculó en su apropiación los recursos para tal fin.

En los dos contratos hubo desequilibrio contractual y se comprobó que en el contrato 233, fueron utilizados dos textos distintos.

Por otra parte, nunca se ponderaron otras propuestas para “materializar su estrategia ilícita” mediante una actitud que iba en contravía de los principios de contratación pública afectando así el interés colectivo, logrando de esta manera una oscura operación administrativa, señaló también el fiscal.

Para este martes 8 de septiembre se tiene prevista la continuación de la formulación de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación, ante la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de continuar hacia las 10 de la mañana.

 

ANM/DLBM