La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a dos hombres, quienes estarían involucrados en la muerte de dos perros, en hechos distintos ocurridos en Cali (Valle del Cauca) y Sibundoy (Putumayo).

Ataque con arma blanca a ‘Chester’

El 5 de diciembre de 2020, Alexander Paz Palacios habría atacado con arma blanca a un perro de propiedad de una vecina, en el barrio Potrero Grande en Cali (Valle del Cauca). El señalado agresor, al parecer, discutía con la propietaria del animal y posteriormente se lanzó contra el canino y con un arma cortopunzante le propinó una herida en la cabeza.

Ante la gravedad de la lesión, el canino murió. En ese sentido, Paz Palacios fue imputado por el delito de maltrato animal.

La muerte violenta de ‘Mateo’

Paulo Celio Chamorro fue judicializado por su presunta responsabilidad en la muerte de un canino llamado ‘Mateo’, en el corregimiento de San Pedro de Sibundoy (Putumayo).

El pasado 12 de mayo, el hoy procesado, supuestamente, se dirigió a la casa de los dueños del animal y les reclamó porque el canino se habría comido algunos animales de su propiedad.

Los indicios dan cuenta de que, posterior a la discusión, Chamorro se habría llevado a ‘Mateo’, lo amarró del cuello a un árbol y lo dejó ahí hasta ocasionar su muerte por ahorcamiento.

Si usted conoce algún caso de maltrato animal denúncielo llamando a la línea celular 122, la línea nacional gratuita 018000 91 97 48 y en Bogotá al 5702000 (opción 7).

AMCJ/JARG/MCRC/

La Fiscalía habla con resultados

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.