Al parecer, recibió dádivas para contratar con la entidad de salud que habría constituido un conocido.

La Fiscalía General de la Nación abrió una nueva línea investigativa por las actuaciones ilícitas detectadas en el manejo de Cafesalud EPS. El material de prueba obtenido da cuenta de que el expresidente de la entidad, Guillermo Grosso Sandoval, habría recibido dineros para direccionar contratos.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que el entonces directivo, al parecer, le propuso a un amigo crear un Instituto Prestador de Servicios de Salud (IPS) y licitar ante Cafesalud para quedarse con dos contratos para atender a 70.000 pacientes en el norte de Bogotá.

Los contratos fueron celebrados en febrero de 2016. Uno ascendió en valor a 28.229 millones de pesos y el otro a 24.426 millones de pesos. Los dos fueron pactados por un término de 36 meses, y contemplaban garantizar servicios de medicina general, odontología, oftalmología, laboratorio clínico, vacunación, y atención a la primera infancia y mujeres gestantes.

El material de prueba da cuenta de que por, presuntamente, favorecer a su conocido, Grosso Sandoval acordó recibir entre 40 y 50 millones de pesos mensuales. En la investigación se acreditó que le habrían entregado, entre mayo de 2016 y junio de 2017, 664 millones de pesos en efectivo.

En ese sentido, al expresidente de Cafesalud EPS le fue imputado el delito de cohecho impropio. El procesado no aceptó. Este es el tercer proceso al que es vinculado Guillermo Grosso Sandoval por supuestas irregularidades en el manejo de contratos y recursos de la salud.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

LAGP/JARG/EAC/DECC/MRC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.