La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, detectó varias irregularidades en el contrato 128 de 2016, que contempló la construcción de una nueva sede para las dependencias de policía judicial y de inteligencia de la Policía Nacional, en Arauca.
El contrato se pactó inicialmente en 16.100 millones de pesos; sin embargo, tuvo tres adiciones presupuestales por 5.500 millones de pesos. En total el contrato ascendió a 21.600 millones de pesos. Asimismo, se fijó un plazo de ejecución de 210 días, pero las obras se interrumpieron en 11 oportunidades y las instalaciones se entregaron dos años después.
Entre los presuntos responsables de las distintas anomalías están el entonces contratista José Luis Ruiz Barrios, quien es el actual secretario de Planeación de Arauquita (Arauca); y los interventores Luis Carlos Montilla Melo y Roberto Carlos Valcarcel Sarmiento. A estas personas la Fiscalía les imputó el delito de peculado por apropiación.
De acuerdo con el material de prueba, el contratista recibió un anticipo de 8.210 millones de pesos, el cual habría sido destinado para cubrir gastos personales y ajenos al objeto del contrato, entre estos, préstamos a los empleados, un sobregiro a un familiar del entonces gobernador del departamento, financiamiento de otros proyectos y pagos a empresas que no hacían parte del consorcio contratista.
Asimismo, se evidenció una posible doble contabilidad. Una con ingresos y egresos reales; y otra con cifras maquilladas. Todas estas maniobras ilícitas, supuestamente, permitieron al señor Ruiz Barrios y a los dos interventores apropiarse de recursos públicos por 4.318 millones de pesos.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LAGP/JARG/EAC/DECC/MCR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
