Se trata de casos distintos ocurridos en Ibagué y Mariquita. En uno de estos una canina murió de una afección respiratoria ocasionada por una patada en el pecho.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), judicializó a Edwin Rafael Sierra Sánchez, como presunto responsable de causarle un lesión ocular a un perro de raza pinscher de nombre ‘Dollar’, el pasado 2 de marzo, en Ibagué (Tolima).
Los elementos de prueba indican que el señalado agresor sacó a una canina de su propiedad a pasear, y ‘Dollar’ se acercó a olerla. Para intentar espantarlo, al parecer, lo golpeó con una cadena que tenía una hebilla metálica y le ocasionó una herida en el ojo. Los hechos ocurrieron frente a varios integrantes de una misma familia, entre ellos tres menores de edad.
Por lo anterior, la Fiscalía imputó a Sierra Sánchez el delito de maltrato animal agravado. El cargo no fue aceptado.
‘Mona’ agredida en una reunión familiar
En otro hecho sucedido en Mariquita (Tolima), Nelson Enrique Alvarado Molina presuntamente golpeó y le causó la muerte a una canina llamada ‘Mona’, el 1 de enero del año en curso.
Este hombre le habría propinado varias patadas a ‘Mona’ en el tórax y las extremidades inferiores porque ingresó a un inmueble en el que se realizaba un asado y se acercó a pedir comida a los comensales. La propietaria del animal la trasladó a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria de Mariquita (UMATA), donde aseguraron que había sufrido una factura en el fémur izquierdo y complicaciones respiratorias, que días después generaron su muerte.
En ese sentido, la Fiscalía imputó a Alvarado Molina el delito de maltrato animal agravado.
LYBT/JARG/JMT/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
