Fueron afectados 40 bienes, entre inmuebles y establecimientos de comercio, avaluados en más de 77.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Delegada para las Finanzas Criminales, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 40 bienes ubicados en Medellín (Antioquia), presuntamente vinculados con actividades de defraudación de fluidos.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, varios hoteles, residencias y establecimientos comerciales habrían manipulado durante años medidores de agua y energía. Asimismo, presuntamente realizaron conexiones ilegales, especialmente a redes de gas, para impedir el registro real de los consumos y obtener beneficios económicos indebidos.
Las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía, con apoyo técnico de Empresas Públicas de Medellín (EPM), identificaron cambios frecuentes de razón social, representación legal y titularidad de bienes que, al parecer, eran utilizados para dificultar la trazabilidad patrimonial y ocultar la relación de los activos con la actividad ilícita investigada.
En consecuencia, la Fiscalía estableció la procedencia de las medidas cautelares dentro del proceso de extinción del derecho de dominio, al considerar que los bienes habrían sido utilizados como medio para la ejecución de actividades ilícitas y estarían relacionados con beneficios obtenidos de estas conductas.
Las medidas cautelares fueron materializadas por funcionarios de la Policía Nacional y los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras avanza el proceso de extinción del derecho de dominio.
Esta información se publica por razones de interés general.
FAGH/LCHG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
