Fueron ocupados con fines de extinción de dominio bienes avaluados en más de 3.500 millones de pesos.
Las acciones investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, a través de las Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio y la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, permitieron impactar el patrimonio ilegal de una red dedicada al contrabando de cigarrillos provenientes de Curazao, Aruba y Panamá.
La organización ilegal delinquía en La Guajira. A las zonas costeras de este departamento llegaban los cargamentos ilícitos que eran distribuidos por el territorio nacional, evadiendo los controles aduaneros.
De acuerdo con los elementos de prueba, una mujer sería la encargada de dirigir las acciones delictivas y de impartir instrucciones para mover los alijos sin que fueran detectados. Los demás integrantes de la organización cumplirían diferentes roles, entre estos la comercialización de bienes y la constitución de establecimientos de comercio para ocultar los recursos ilegales.
Como parte del proceso investigativo que se adelanta, fueron identificados 7 inmuebles, 7 vehículos, 1 sociedad y 9 establecimientos de comercio, que pertenecerían a esta red dedicada al contrabando de cigarrillos.
A las propiedades, que ascienden en valor a 3.500 millones de pesos, se les impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Todas fueron ocupadas en diligencias realizadas en Maicao (La Guajira) y Barranquilla (Atlántico).
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/LR/LPDS/DEEDD/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
