Ante un juez con función de control de garantías de Bucaramanga (Santander), la Fiscalía General de la Nación imputó a la exdirectora del Banco Inmobiliario de Floridablanca, Laura Carolina Manrique Becerra, y los exfuncionarios Julio César González García, asesor jurídico de dicha entidad; y Jairo Enrique Ordóñez Torres, presuntamente implicados en irregularidades en contratación.

Los hechos que motivaron la acción judicial ocurrieron entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 cuando el banco realizó una licitación para construir un cerramiento perimetral que permitiera la recuperación de áreas de cesión en diferentes barrios del municipio.

El material probatorio aportado por el ente acusador evidenció que durante este proceso se presentaron irregularidades en los estudios previos y técnicos al lugar donde se iban a construir los muros del cerramiento.

La investigación determinó que durante la ejecución de dicho proceso se realizó una adición presupuestal, se modificaron las condiciones de pago, se cambiaron las fechas y anexos técnicos lo cual permitió que se presentaran diversos tipos de ofertas en fechas diferentes, irregularidades que permitieron ambigüedades en la regla de presentación de oferta. En suma, esto habría posibilitado que ingresaran nuevos proponentes, incluido quien ganó el contrato.

Por esto Manrique Becerra, González García y Ordóñez Torres fueron imputados como posibles responsables del delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. Cargo que ninguno aceptó.

 

 

 

DRA/MAGA/AC/DSS.

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.