
Luego de un ritual de potencialización y armonización espiritual realizado en la tulpa, como se conocen los espacios de diálogo ancestral, el vicefiscal general de la Nación, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y la Dirección Seccional de Cauca, suscribieron con representantes de la Jurisdicción Especial Indígena el protocolo de Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), el cual permitirá a las autoridades de esa jurisdicción activar directamente el MBU en sus territorios.
El mecanismo, además de constituirse en una valiosa herramienta para los casos de desaparición, tiene como efecto adicional evitar el reclutamiento ilegal de integrantes de las comunidades indígenas, a causa de las acciones de las organizaciones armadas ilegales que tienen injerencia en la región.

El protocolo se firmó en el marco de la Mesa Departamental de Coordinación Interjurisdiccional, en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en Popayán (Cauca).
Al encuentro acudieron representantes de 11 pueblos indígenas del departamento, y delegados de entidades del orden local, nacional e internacional como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Judicatura, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Popayán, Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y organizaciones no gubernamentales, entre otras.
La firma de este protocolo constituye una importante manifestación de articulación entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial Indígena.
MAP/DSC/AMCJ/MAGA/JARG/GJGD/VGN.}
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.