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Los predios están avaluados en más de 73.600 millones de pesos y se ubican en Rionegro y El Retiro (Antioquia).
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Los bienes estarían vinculados con el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez y Vicente Castaño, excomandante de la Casa Castaño.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregó al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV), para su administración, seis bienes que estarían vinculados con el exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y con Vicente Castaño, excomandante de la Casa Castaño.
Las propiedades están ubicadas en los municipios de Rionegro y El Retiro (Antioquia) y conforman un terreno denominado como ‘Torrealta’; su valor alcanza los 73.606’500.000 de pesos. Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional.
Uno de los inmuebles afectados fue denunciado por Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, quien está postulado a la Ley de Justicia y Paz, y manifestó que dicho predio estaría vinculado con Vicente Castaño. Al parecer, este activo se relaciona con el cobro de una deuda entre los narcotraficantes Gustavo Tapias Ospina, alias Techo; y Édgar Marroquín, alias Marroco.
Este bien es el de mayor cuantía patrimonial entregado por la Fiscalía General de la Nación al Fondo para la Reparación a las Víctimas durante la implementación de la Ley de Justicia y Paz.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMFO/MAGA/SSR/MRC/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
