Un fiscal adscrito a la Seccional Bolívar judicializó a tres hombres presuntamente implicados en delitos sexuales, cometidos durante el presente año en Cartagena.
- Uno de los casos judicializados ocurrió el pasado 6 de abril en el barrio Zaragocilla. Allí un hombre de 26 años, al parecer, abusó sexualmente de una menor de 11 años, familiar de su esposa. El procesado habría aprovechado los momentos en que la víctima estaba sola en su casa para someterla a vejámenes sexuales.

- En otra acción, la Fiscalía judicializó a un hombre de 33 años que, se cree, abusó sexualmente de su expareja sentimental. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de mayo en el barrio El Pozón. Al parecer, el procesado obligó a la mujer a subirse en una moto y luego la llevó a un sector solitario donde presuntamente la sometió a vejámenes sexuales.
El procesado que presuntamente abusó de su expareja sentimental. - Finalmente, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en contra de un hombre de la tercera edad que habría sometido a tocamientos a una menor de 6 años, mientras se encontraba jugando en la terraza de su casa. Las agresiones ocurrieron el 10 de agosto pasado en el barrio Las Palmeras.

Los procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la capital de Bolívar. La Fiscalía imputó a los hombres como posibles responsables de los delitos de acto sexual violento con menor de 14 años, acceso carnal violento y acto sexual abusivo con menor de 14 años. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MEVA/MAGA/RJGD/DSB
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.