La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión del Juez 2° Penal del Circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, al negar el preacuerdo suscrito con el exgerente del hospital de Meissen, Carlos Hernando Lizcano Benitez.

La Fiscalía 15 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que el preacuerdo entre las partes tasaba una pena de 90 meses de prisión y el pago de un total de 200 millones de pesos, de los cuales 100 millones fueron entregados en agosto de 2014 y los otros 100 millones, con un cheque girado a una entidad bancaria.

La fiscal del caso expresó que el imputado mediante la firma del preacuerdo se comprometía a aceptar los cargos endilgados por los delitos de violación al régimen legal y constitucional, peculado por apropiación en favor de terceros en concurso homogéneo y sucesivo, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación tentado.

En la apelación la fiscal  manifestó que el preacuerdo tiene en cuenta a las víctimas, ya que siempre se contó con ellas y además, con base en las normas establecidas, se logra un final con condena del responsable de los hechos.

Lizcano Benítez, quien se desempeñó como gerente desde 1997 hasta el 2012, es señalado de ser el presunto responsable de la corrupción administrativa que se presentó en el hospital de segundo nivel de Meissen, al sur de Bogotá.

El 17 de septiembre de 2012, la Fiscalía endilgó a Lizcano Benítez, por  causar detrimento patrimonial al hospital debido a los sobrecostos por encima del 400 por ciento en la compra de alimentos, al igual que de elementos como colchones, camas y  enseres para lograr el funcionamiento del centro médico.

Como director de esa entidad, el procesado era regulador y ordenador del gasto, pero pese a ello firmó las nóminas en las que se le cancelaba mensualmente, durante todo un año, el salario a un médico que  laboró solo dos semanas en los 365 días, ya que el resto del tiempo la pasó en el exterior.

Por la apelación de la Fiscalía el proceso pasará al Tribunal Superior de Bogotá.

ANM/DLBM