La empresa habría sido seleccionada sin contar con la experiencia técnica y financiera para cumplir el objeto previsto, dispensación de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para pacientes con enfermedades huérfanas y de alto costo.
La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra del expresidente de la Entidad Promotora de Salud (EPS) Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca; y el propietario y la representante legal de la compañía Century Farma S.A.S, José Leónidas Olaya Forero y Mercedes Barrera Botía, respectivamente.
Estas personas serían las responsables de varias irregularidades detectadas en dos contratos celebrados en enero y diciembre de 2017, para el suministro de medicamentos, insumos y dispositivos para pacientes que padecían enfermedades de alto costo y aquellas denominadas ‘huérfanas’.
Los elementos de prueba dan cuenta de que el contratista fue seleccionado sin tener la capacidad financiera y la experiencia técnica para cumplir el objeto previsto. Al parecer, el proceso de adjudicación se hizo con el claro interés de beneficiar la empresa del señor Olaya Forero, quien también haría parte del consorcio propietario de Medimás.
Adicionalmente, la EPS entregó un anticipo por 263.000 millones de pesos, de los cuales 7.105 millones de pesos habrían sido destinados por la compañía para pagar arriendos y cubrir actividades distintas a las definidas contractualmente.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción acusa al expresidente de Medimás y los dos contratistas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JMSV/JARG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
