En la investigación por la muerte de 12 integrantes de una comisión judicial, en enero de 1989, se estableció que el excongresista habría tenido nexos directos con el grupo paramilitar que ejecutó el crimen e insistió para que los servidores judiciales fueran asesinados.
La Fiscalía General de la Nación emitió resolución de acusación en contra del excongresista Tiberio Villareal Ramos por su posible participación en la denominada masacre de La Rochela, ocurrida el 18 de enero de 1989, en zona rural de Simacota (Santander).
Los elementos de prueba recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dan cuenta de que el señor Villareal Ramos se habría concertado con los grupos paramilitares del Magdalena Medio que ejecutaron el crimen, con el propósito de recibir apoyo político y financiero, y aumentar su caudal electoral en Santander.
Al parecer, producto de esos presuntos nexos ilícitos, alcanzó a tener injerencia directa sobre la estructura ilegal y presionó para que fueran asesinados los integrantes de una comisión judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región, y les robaran el expediente y la evidencia relacionada con el caso.
Los servidores judiciales fueron interceptados por hombres armados que, mediante engaños, se los llevaron y les dispararon indiscriminadamente en el sector conocido como La Laguna. En el hecho murieron dos jueces, dos secretarios de juzgado, dos conductores y seis investigadores; y resultaron heridos otros tres funcionarios.
En ese sentido, el excongresista fue acusado y deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. El proceso se sigue en atención a los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).
Esta información se publica por razones de interés general.
JARG/HATP/DECVDH/MCRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
