Fiscales de la Seccional San Andrés Isla lograron, en investigaciones diferentes, que enviaran a la cárcel a un hombre por portar armas ilegalmente. Además, otra persona fue condenada por el mismo delito.
- En el primer caso un juez de control de garantías acogió la petición de un fiscal seccional e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Samir Andrés Meza Lora, capturado por la Policía en el sector de Morislanding del archipiélago, el pasado 10 de junio.

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El procesado, de 23 años, se desplazaba en un vehículo y huyó al notar la presencia de las autoridades, pero fue interceptado metros adelante. En su poder le fue hallada una pistola 9 mm, un proveedor y cinco cartuchos sin los respectivos permisos de porte.
Su reclusión se llevará a cabo en la cárcel Nueva Esperanza de la isla, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
- Por otra parte, las pruebas que presentó la Fiscalía permitieron que un juez de conocimiento condenara a 5 años y 5 meses de prisión a Derick Andrew Bernard Mosquito, por hechos acontecidos el 17 de febrero de 2023.

El condenado fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento, en el barrio La Gaviota, con un arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, un proveedor y cinco cartuchos calibre 9 mm.
La decisión judicial se da tras el preacuerdo que realizó el hoy sentenciado con el ente acusador por el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Bernard Mosquito se encuentra privado de la libertad en centro carcelario fuera de San Andrés.
Esta información se publica por razones de interés general.
MEVA/LMFO/MAGA/AA/ID/TAM/DSSPS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.