El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a dos hombres que estarían involucrados en asesinatos, registrados en hechos distintos, en Cúcuta (Norte de Santander). 

Inicialmente fue judicializado José del Carmen Jaimez Salcedo por su presunta participación en el crimen de un hombre de 28 años, en el barrio Sevilla.

Se observa al capturado junto a dos uniformados de la Policía Nacional. Detrás de ellos el banner institucional de la Policía Nacional.
José del Carmen Jaimez Salcedo, fue procesado por su presunta responsabilidad en los delitos de  homicidio agravado y  fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, los cuales no aceptó.

Los hechos materia de investigación ocurrieron el 31 de marzo de 2024, cuando el procesado habría llegado a un establecimiento comercial y disparó, en varias oportunidades, contra  la víctima, causándole la muerte.

El hombre fue capturado en cumplimiento de una orden judicial por uniformados de la Policía Nacional.

Asimismo, fue judicializado Jhon Alexander Rojas Sierra, quien, en complicidad con otra persona, al parecer, asesinó a un comerciante del gremio carbonero de la región. Los hechos se presentaron  el  4 de junio de 2024 en zona céntrica de Cúcuta.

El hombre actualmente se encuentra recluido en la cárcel Modelo de esta ciudad por otra investigación en su contra.

La Fiscalía imputó a los dos hombres los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados. 

 

MPHA/AMCJ/EDBC/DSNS

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.