La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 11 personas, que estarían involucradas en actividades de narcomenudeo en el barrio La Mortilla de Isnos (Huila).
Se trata de Orfali Astudillo, Andrés Alirio Cerón Urbano, Juan Carlos Collazos Carvajal, Maicol Estiven Calderón Rojas, Jerson Uriel Rojas Losada, María de los Ángeles Perdomo Hoyos, Oliver Yordani Ñañez Muñoz, Yuly Viviana Mapallo López, Maicol Rojas Hernández, María Lina Iles Guenis y Silverio Martínez Urbano.
De acuerdo con la investigación, desde julio de 2025, estas personas, presuntamente, distribuían marihuana, bazuco y cocaína en el sector El Zanjón. Además, ocultaban las sustancias en techos e inodoros de sus viviendas, para evadir la acción de las autoridades.
Estas personas fueron capturadas durante ocho diligencias de allanamiento y registro, realizadas por la Policía Nacional. En los operativos se incautaron estupefacientes, armas traumáticas y artesanales con capacidad para percutir, dinero en efectivo y elementos para la dosificación de sustancias ilícitas.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Huila les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos fueron aceptados por Collazos Carvajal, Perdomo Hoyos, Iles Guenis y Martínez Urbano.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Astudillo, Cerón Urbano, Calderón Rojas, Ñañez Muñoz y Rojas Lozada. Los demás procesados fueron afectados con detención domiciliaria.
WAGG/LMFO/AMCJ/OHN/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
