La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas por su presunta participación en hurtos violentos registrados, en hechos diferentes, en Barranquilla (Atlántico) entre mayo y abril pasado.
En ese sentido, fiscales de la Seccional Atlántico, los imputaron de acuerdo con su responsabilidad individual por los delitos de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Entre los procesados se encuentra Andrés Felipe Ochoa García, quien fue capturado por hechos ocurridos el 3 de mayo de 2025, cuando, al parecer, en compañía de otra persona y portando un arma cortopunzante, habría despojado a una víctima de dinero en efectivo y joyas en vía pública del barrio La Ciudadela 20 de Julio.
Asimismo, fueron judicializados Víctor Manuel Coronado Rivero, Exelino Jerez Padilla, Joyce Smith Joly Alean y Kevin De Jesús Amorocho Romero, quienes el pasado 19 de marzo, en el barrio Villa San Pedro III, habrían ingresado a una vivienda en horas de la madrugada e intimidado con armas de fuego a una familia, logrando apoderarse de pertenencias avaluadas en cerca de 10 millones de pesos. Durante la captura, les encontraron armas de fuego, dinero en efectivo, joyas y celulares.
De otra parte, fue judicializado Darwin Andrés Palomino Barrios, quien presuntamente, el pasado 3 de abril, ingresó por el techo de un colegio y sustrajo un celular perteneciente a una funcionaria de la institución. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos.
Por disposición de jueces con funciones de control de garantías, todos los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
