Mediante preacuerdo, el capturado aceptó su responsabilidad en los delitos imputados por la Fiscalía.
La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez de conocimiento de Zipaquirá dejara en firme la condena por 24 años de prisión contra Orlando Alberto Rojas Bedoya, alias Pecas; quien aceptó haber asesinado al profesor Gamaliel Enrique Álvarez García.
Una vez conocido lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) que permitió resolver el crimen.
Un fiscal adscrito a la Seccional Cundinamarca demostró la participación intelectual y material de Rojas Bedoya en el homicidio y posterior hurto del docente de ballet y matemáticas. Los hechos ocurrieron el 27 de septiembre de 2021 en Cajicá.
La investigación estableció que una vez cometido el homicidio y con el propósito de alterar la escena del crimen y ocultar lo sucedido, el confeso agresor limpió la sangre de la víctima que había quedado en el baño de la vivienda.
También se determinó que Rojas Bedoya incineró el cuerpo del profesor para desaparecer la evidencia; luego le hurtó la motocicleta y la vendió en 10 millones de pesos.
La Fiscalía imputó a Orlando Alberto Rojas Bedoya los delitos de homicidio agravado; ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio; hurto calificado; falsedad material en documento público; falsedad en documento privado; y fraude procesal.
En este sentido, además de la pena, le fue impuesta una multa de 115 salarios mínimos legales vigentes.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/MRC/CMS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
