Mediante falsedades y otras maniobras ilícitas habría recibido más de 6.800 millones de pesos por concepto de remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, sin cumplir en realidad con labores de recolección, transporte y clasificación de residuos.
La Fiscalía General de la Nación identificó a los presuntos articuladores principales de una red delictiva señalada de realizar cobros por servicios de reciclaje en Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), que no se realizaron con la frecuencia reportada ni en las condiciones que acreditaron ante las autoridades competentes.
Se trata de Laura Maritza Castro Alezones y Ronald Yosefer Pulido Forero, representantes legales de dos empresas recolectoras de residuos; y la particular Ingrid Yineth Amaro Guavare. Estas personas se habrían articulados para entregar información falsa a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la cantidad de material reciclable recolectado y clasificado.
Los elementos materiales probatorios indican que las dos sociedades no contaban con bodegas operativas para el almacenamiento y disposición del material, ni con el personal requerido para cumplir con la labor. Además, en sus informes incluyeron nombres de habitantes de calle y recicladores para justificar facturas por toneladas inexistentes de material reciclable.
Estos documentos con información espuria fueron cargados al Sistema Único de Información (SUI) de la Superservicios y les permitieron recibir en dos años más de 6.829 millones de pesos, por concepto de la remuneración tarifaria de la actividad de aprovechamiento, un reconocimiento monetario que contempla la ley para los recicladores de oficio por recolectar, transportar y clasificar residuos.
En el curso de la investigación se conoció que parte de los recursos, al parecer, fueron destinados para la compra de vehículos de gama alta e inmuebles, entre otros bienes. Asimismo, quedaron al descubierto diversas actuaciones posteriores como ajustes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), simulaciones documentales y alteración de información con el propósito de evitar que fuera detectado el entramado ilícito y obstaculizar la acción de la justicia.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a los tres presuntos involucrados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y alteración de elemento material probatorio.
MAGA/AMCJ/LCHG/JARG/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
