De acuerdo con el ente investigador luego de, al parecer, haber cometido el hecho los jóvenes se presentaron voluntariamente dos días después ante las autoridades.
Tras el acervo probatorio presentado por un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA), un juez decidió imponer medida de internamiento preventivo por el término de cuatro meses en contra de ambos adolescentes por los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Según el ente investigador los jóvenes se encontraron con la víctima, Elías Rafael Matos Collazos, en la vía pública del sector de Morris Landing, y luego de intercambiar algunas palabras uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó en seis ocasiones a Matos Collazos causándole la muerte de manera inmediata.
Los hechos se presentaron en la noche del 3 abril y tras el crimen, los dos adolescentes huyeron hacia una zona enmontada del lugar.
Dos días después, el 5 de abril en curso, los adolescentes se presentaron de forma voluntaria ante la autoridad judicial y se hicieron responsables por el hecho ante unidades de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Sin embargo, en medio de las audiencias, solo uno de ellos aceptó los cargos imputados.
Al parecer, la razón del crimen se dio porque el hermano de la víctima presuntamente se habría burlado de la muerte de un familiar de los victimarios.
Es importante destacar que se creó un grupo de investigadores de tareas especiales del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional que próximamente estará dando resultados dentro por los hechos violentos sucedidos en lo que va corrido del año.
La Fiscalía habla con resultados.
VHGB/TIAM/DSSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
