El gerente del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar (Cesar), Rubén Darío Sierra Rodríguez, fue cobijado por la presunta realización de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
La decisión fue tomada por un juez de control de garantías de la ciudad por hechos que ocurridos el 10 de octubre de 2012 cuando la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Rosario Pumarejo de López suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales cuyo objeto fue la prestación de servicios profesionales de abogado para la representación en sede administrativa y judicial derivada de los procesos de jurisdicción coactiva por impuesto predial unificado iniciados por el municipio de Valledupar-Secretaria de Hacienda y ante los jueces administrativos del circuito y/o Tribunal Administrativo del Cesar, determinando como valor del contrato el 15% del total de los dineros ahorrados o recuperados a favor del hospital.
Al parecer, este objeto contractual presuntamente violaría los principios de economía, transparencia y moralidad administrativa, pues el cobro para el cual se hizo el contrato sería improcedente porque el acuerdo 013 del 30 de julio de 2002, emitido por el Consejo de Valledupar, había concedido una extensión tributaria del impuesto predial unificado por el termino de 10 años contados a partir de su sanción y promulgación. Es decir, a la ESE simplemente le correspondía enviar copia del acuerdo citado para que la Alcaldía de Valledupar no realizara dicho cobro.
