Ronald Ricardo Cruz Solano, de 40 años, es investigado por la Fiscalía por presuntas conductas violentas en contra de su ex compañera sentimental y las hijas, todas mayores de edad de la mujer, por hechos ocurridos en abril de este año en el barrio El ventilador de Neiva (Huila).

La Fiscalía le trasladó escrito de acusación a Ronald Ricardo Cruz Solano como presunto autor del delito de violencia intrafamiliar agravada.

Ante la contundencia de los argumentos expuestos por un fiscal de la Seccional Huila, un juez con función de control de garantías profirió medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra.

El acusado, al parecer, habría agredido física, verbal y psicológicamente a las tres víctimas el pasado 10 de abril, cuando ingresó a la fuerza a la residencia de las víctimas y, al parecer, las intimidó con un cuchillo y las agredio verbal y físicamente mientras huían a encerrarse en sus habitaciones para evitar las agresiones.

Los hechos se habrían repetido al otro día, cuando el acusado regresó y presuntamente las amenazó con quemarles la casa, además de referirles que las iba a matar. Se presume que el judicializado quería regresar con la víctima, pero ante las agresiones constantes ella se negó a continuar la relación.

Bajo la Ley de Procedimiento Abreviado la Fiscalía realizó el traslado del escrito de acusación a Cruz Solano como presunto autor del delito de violencia intrafamiliar agravada, quien no aceptó su responsabilidad.

Unidades de Policía de Vigilancia materializaron su captura en el barrio San Martín de la capital huilense.

La Fiscalía habla con resultados.  

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LMGM/CFG/DSPB/DSH

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.