Ante las evidencias y el material probatorio presentado durante las audiencias concentradas por un fiscal seccional, un juez penal promiscuo del municipio de Taminango determinó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario contra Sebastián Martínez López y Rodrigo Cuetia.
El ente investigador les imputó cargos como presuntos copartícipes de los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, accesorios, partes y municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos en concurso homogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas.
Los dos hombres procesados fueron detenidos en flagrancia en puesto de control de la Policía Nacional en la vía que de Taminango conduce a Pasto (Nariño), cuando se movilizaban en un bus de transporte intermunicipal y en una motocicleta.
Durante la requisa a los pasajeros, los uniformados de la Dijin encontraron a Martínez López una pistola calibre 9 milímetros, 18 cartuchos del mismo calibre, una granada de fragmentación y un teléfono celular.
A Rodrigo Cuetia, conductor de una moto con placas PQH 16E, le fueron hallados una pistola 9 milímetros con 22 cartuchos, una granada de fragmentación y un teléfono celular.
Al solicitarles los documentos que acreditan el porte legal de las armas y explosivos, los dos hombres aseguraron que no los tenían.
Al revisar el SPOA, los agentes de la Dijin confirmaron que ambos capturados están vinculados a un proceso penal por el homicidio de un patrullero de la institución policial.
Asimismo, durante las investigaciones, se pudo establecer que ambos detenidos viajaban en vehículos separados para no despertar sospechas de las autoridades.
La Fiscalía habla con resultados
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.