El Fiscal General de la Nación (e), Jorge Fernando Perdomo, dijo que es necesario despenalizar las interrupciones voluntarias del embarazo en edades gestacionales superiores al primer trimestre, para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres más vulnerables.
De esta manera, el Fiscal General expuso ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes las motivaciones que llevaron a la presentación del proyecto de ley sobre el aborto, teniendo en cuenta además que la Comisión Asesora de Política Criminal sugirió al Gobierno despenalizar todos aquellos hechos que redunden “en afectaciones de los derechos de las mujeres, como la interrupción voluntaria del embarazo”.
En el proyecto, la Fiscalía retomó las fundamentaciones de la Comisión en el sentido de que la penalización del aborto impacta a las mujeres en condiciones más vulnerables y constituye una forma de discriminación, además de que no reduce la práctica de abortos ilegales.
En ese sentido el Fiscal General aseguró que “impedir que la interrupción del embarazo sea perseguida penalmente hasta la semana 24 de gestación, es la manera más adecuada de garantizar los derechos de las mujeres, especialmente de aquellas que atraviesan por situaciones financieras, sociales y culturales complejas”.
Además, de acuerdo con el Fiscal General, el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en 2006 no especificó un término en el cual las mujeres podrían interrumpir voluntariamente su embarazo.
Frente al tema de las 24 semanas el Fiscal General explicó que según diversos estudios, el umbral de viabilidad del feto se establece entre 22 y 26 semanas, mientras que otros explican que entre las semanas 20 y 22 el 89 por ciento de los bebés nacen muertos, además de que la ciencia no ha logrado avances que permitan que los fetos sobrevivan antes de la semana 24 de gestación, esto conforme a un estudio presentado en 2014 por la Asociación Médica Británica.
De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, limitar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a un periodo menor no lograría reducir la criminalización de las mujeres más vulnerables, ya que son ellas las que resultan investigadas penalmente a causa de su exposición a abortos clandestinos, que además ponen en riesgo su salud y vida. “Lo anterior se refleja en el hecho de que quienes se ven mayormente afectadas por la criminalización del aborto en Colombia son las mujeres de zonas rurales y las de escasos recursos, lo cual produce un circulo de pobreza y marginación”, concluyó el jefe del ente acusador.
AMC / AAEA
