La Fiscalía General de la Nación se permite informar:

El pasado 13 de marzo la Dirección Nacional de Justicia Transicional solicitó ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la imposición de medidas cautelares sobre los predios La Corona (66 hectáreas) y Alto Bonito (46 hectáreas) por estar involucrados en el delito de desplazamiento forzado.

La Fiscalía General de la Nación estableció que el magistrado Jorge Pretelt Chaljud y su esposa Martha Ligia Patrón adquirieron esos predios en los años 2000 y 2003.

La Fiscalía investigará si en esta compraventa en la que aparecen Pretelt Chaljud y Patrón López se cometieron también los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos agravado,  destrucción y apropiación de bienes protegidos.

Por hechos similares que pueden estar relacionados fue acusada hace un mes la Junta directiva del Fondo Ganadero de Córdoba. La Fiscalía en este caso, considera que se cometieron crímenes de guerra y lesa humanidad.

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, impartió la orden de que todas las investigaciones sean trasladadas a Bogotá a la Dirección Nacional de Análisis y Contextos –Dinac-. Esta Dirección está conformada por un grupo especial de 320 personas especializadas en contextualizar e investigar crímenes de lesa humanidad. Para el caso concreto, la Dirección destacará un grupo especial con 7 (siete) fiscales, 5 (cinco) analistas y 5 (cinco) investigadores.

De igual forma, el Fiscal General de la Nación ordenó que se compulsen copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. Lo anterior, para que esa Corporación determine si la compra de los predios La Corona y Alto Bonito, que al parecer fueron objeto de apropiación y desplazamiento forzado por parte de paramilitares, es relevante desde el punto de vista penal en relación con el magistrado Jorge Pretelt Chaljud.

Teniendo en cuenta que la señora Martha Ligia Patrón figura como compradora de al menos dos predios, la Fiscalía la citará a interrogatorio para el próximo viernes 27 de marzo.

Dirección Nacional de Comunicaciones, Prensa y Protocolo

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