Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de seis presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como Nuevo Pueblo, que estaría delinquiendo en el municipio de Puerto Berrio (Antioquia).

De acuerdo con la investigación esta estructura, al parecer, estaría expendiendo sustancias estupefacientes, así como realizando hurtos a motocicletas y personas, teniendo como zona de injerencia los barrios Los Naranjos, Villas del Coral y La Malena de dicho municipio.

Jairled Yesid Pérez Mira, Everley Hernández Vargas, Juan Carlos Badillo Cárdenas, Jhofran David Arias, Andrés Felipe Cano, Julieth Camila Santamaría, presuntos miembros del grupo delincuencial Nuevo Pueblo.
Jairled Yesid Pérez Mira, Everley Hernández Vargas, Juan Carlos Badillo Cárdenas, Jhofran David Arias, Andrés Felipe Cano, Julieth Camila Santamaría, presuntos miembros del grupo delincuencial Nuevo Pueblo.

Durante el operativo de captura realizado de manera conjunta entre uniformados de la Fiscalía, Policía y Ejército Nacional se realizaron diez allanamientos y se logró la incautación de armas traumáticas, armas de fuego, municiones, 80 gramos de sustancias alucinógenas y radios de comunicaciones punto a punto.

La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico y comercialización de estupefacientes a los cuales no se allanaron. 

Los asegurados son: Jairled Yesid Perez Mira, Everley Hernandez Vargas, Juan Carlos Badillo Cardenas, Jhofran David Arias, Andres Felipe Cano, Julieth Camila Santamaria. 

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

DRA/VHGB/FW/DMM

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.