Jhonatan Andrey Sánchez Balaguera era el encargado de entregar las armas de fuego a los sicarios de la organización ilegal para que ejecutaran los homicidios ordenados por los cabecillas.
Un hombre armado que haría parte del grupo delincuencial conocido como ‘Los de Porras’ o ‘La Familia de la P’ ingresó a un restaurante en Cúcuta (Norte de Santander) y disparó en varias oportunidades contra el líder social y fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Antonia Santos, Giovanny Luna Cárdenas, causándole la muerte.
Las labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación para judicializar a todos los involucrados en el crimen, ocurrido el 10 de enero de 2024, permitieron identificar a una persona que participó en la planeación. Se trata de Jhonatan Andrey Sánchez Balaguera, alias Orejas, quien vigiló a la víctima, alertó sobre sus movimientos y rutinas, indicó al sicario el momento en el que debía atacarla y le diseñó la ruta para que pudiera escapar.
De igual manera, se conoció que era el encargado de entregar las armas de fuego a los demás integrantes de ‘Los de Porras’ para que ejecutaran diferentes acciones delictivas, como el homicidio de un hombre en vía pública de Cúcuta, el 1 de febrero de 2024.
Por todo lo anterior, Sánchez Balaguera fue capturado, imputado y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Posteriormente, mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía, aceptó los delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.
La negociación judicial fue avalada por un juez penal de conocimiento, que lo condenó a 21 años y 3 meses de prisión.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
