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Condenado exconcejal que exigía dinero a quienes ubicaba en entidades de Villavicencio

Una pena de 11 años (134 meses) de prisión tendrá que pagar en centro carcelario, José Yesid Morales Espitia, exconcejal de Villavicencio (Meta), por el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo.

La decisión fue tomada por un juez del circuito luego de valorar el material probatorio contundente presentado por un fiscal de la Unidad de Administración Pública del Meta contra el edil para los periodos 2012-2015 y 2016-2019.

Según la investigación, entre 2013 y 2016 el exfuncionario recibió hojas de vida de varias personas a quienes en su condición de concejal ayudó a ubicar en entidades públicas, a cambio de pagos mensuales para sostenerlos en sus puestos.

Las cuotas pagadas dependían del sueldo que devengara cada uno de ellos, las cuales estaban entre $50.000 y $300.000 pesos. El no pago del dinero generaba la pérdida del empleo respectivo.

Además de la pena, el juez impuso al condenado una multa de 720 SMLV e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 114 meses.

En el fallo se negó al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

Con esta decisión la seccional Meta da cumplimiento al compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de esclarecer los delitos que afectan la seguridad ciudadana.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

PYMP/CFG/JHM/DSM

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

 

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