Exigía 1.500 millones de pesos a los familiares de la víctima por su liberación.
La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas que dan cuenta de la participación de Víctor Manuel Sánchez Quintero, alias Armando, cabecilla de estructura de la organización criminal ‘Los Pelusos’, en secuestros y cobros de extorsiones en el Catatumbo y otras regiones de Norte de Santander, entre 2016 y junio de 2020.
Uno de estos eventos delictivos que se le atribuye ocurrió el 26 de abril de 2019. Reinel Blanco Rodríguez, entonces candidato al Concejo de Los Patios (Norte de Santander), fue engañado con la promesa de una reunión para financiar su campaña. La víctima fue citada a una discoteca de Cúcuta y posteriormente trasladada a un inmueble de Sardinata, donde permaneció retenida en contra de su voluntad.
Sánchez Quintero custodió a la víctima durante cuatro días de cautiverio, al tiempo que exigió 1.500 millones de pesos a sus familiares por la liberación. Finalmente, el político fue rescatado en una operación realizada por el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Por estos hechos, alias Armando fue condenado a 37 años y 10 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado. Adicionalmente, le fue impuesta una multa equivalente a 14.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.
La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/LCHG/RT/DECOC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
