Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Caquetá logró que un juez del circuito de Florencia condenara mediante preacuerdo a la pena de 10 años de prisión a Jairo Alberto Hincapié Guarnizo y a Julián Andrés Álape Valderrama por el delito de homicidio agravado tentado y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego agravado por hechos ocurridos a finales del año 2023.

En la imagen se ve una persona detenida bajo custodia de dos integrantes de la Policía Nacional. Todos están caminando.
Julián Andrés Álape Valderrama fue detenido el año pasado por la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Cuenca Másmelas quien fue agredida el 30 de noviembre del año pasado siendo aproximadamente las 6:30 de la tarde, en el barrio Ciudadela Habitacional Siglo XXI de Florencia, cuando los condenados se movilizaban en una motocicleta y abordaron de manera violenta a la víctima.

Información recopilada por los investigadores da cuenta que Álape Valderrama descendió de la moto y desenfundó un arma de fuego disparándole a Cuenca Másmelas en repetidas oportunidades, pero este malherido corrió y luego el cómplice lo persiguió causándole varias heridas con un arma corto punzante.

Posteriormente huyeron del sector con rumbo desconocido mientras que vecinos de la zona auxiliaron a la víctima la cual fue llevada en un vehículo particular hasta el hospital local donde fue atendido por los galenos quienes lograron salvar su vida.

Cabe anotar que los procesados ya se encontraban detenidos y purgan la pena en la cárcel El Cunduy de la ciudad donde se encuentran desde diciembre del año pasado.

Esta información se hace pública por razones de interés general.

 

 

 

 

 

PAAM/LYBT/PCC/NQB/DSC

 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.