Una fiscal especializada adscrita ante el Gaula de la seccional Tolima judicializó a dos hombres y una mujer, presuntos responsables del secuestro de tres personas. Las víctimas fueron citadas a una falsa venta de una finca en El Espinal (Tolima) el 28 de noviembre de 2019.
De acuerdo con la investigación, ese día llegaron hasta ese municipio tres comerciantes procedentes del Meta para cerrar el negocio por 100 millones de pesos. Pero una vez que fueron conducidos por una mujer al supuesto predio, fueron sorprendidos por tres hombres armados quienes les exigieron la totalidad del dinero.
Como las víctimas sólo tenían 30 millones de pesos, retuvieron a dos de ellos mientras el otro regresaba por la cantidad faltante al hotel donde se estaban hospedando. Posteriormente los dejaron en libertad y se dieron a la huida.
En diligencias de allanamiento y registro realizadas en El Espinal y Bogotá se hicieron efectivas las capturas en contra de Diana Katerine Rivera Rincón y los primos Isidro y José Luis Díaz Calderón.
La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto agravado y, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones. Cargos que no aceptaron.
Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Es de anotar que los primos Díaz Calderón cuentan con antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.
Esta información se publica por razones de interés general.
PAAM/LMFO/CFG/MCAA/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
