Los señalados agresores, de nacionalidad venezolana, fueron capturados el día del crimen en un inmueble donde también fue encontrada el arma del uniformado.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Roy Joce Guzmán Iscupi, Roinel Fernando Iscupi y Osma Alexander Pérez, presuntos responsables del homicidio del patrullero de la Policía Nacional Jaime Andrés Ávila Vega, ocurrido el pasado 29 de junio, en Soacha (Cundinamarca).
Análisis de cámaras de seguridad y reconocimientos fotográficos, entre otras actividades investigativas, dan cuenta de que los hoy procesados habrían llevado al uniformado a un callejón del barrio Compartir, arrebatado el arma de dotación y disparado en varias oportunidades.
La labor articulada de la Fiscalía, el CTI y la SIJIN del Departamento de Policía de Cundinamarca permitió establecer que, luego del crimen, los señalados agresores se ocultaron en una vivienda, donde finalmente fueron capturados. Durante la diligencia de registro y allanamiento realizada en el inmueble fueron incautados un revólver calibre 38, una pistola traumática modificada con capacidad para disparar proyectiles 9 milímetros y el arma del patrullero Ávila Vega.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los detenidos los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
Los investigados no aceptaron los cargos. Las indagaciones continúan para ubicar y judicializar a otros posibles involucrados en el asesinato del patrullero.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/CDCF/CAAR/CMSV/JARG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
