Un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar (Cavif) logró que un juez de control de garantías enviara a prisión a un hombre de 23 años por su presunta responsabilidad el delito de violencia intrafamiliar agravada, el cual no aceptó.

Los hechos están relacionados con las supuestas agresiones que le realizó el hoy procesado a su pareja sentimental de 36 años, el 5 de junio del presente año, en el barrio Obrero del archipiélago.

En la fotografía aparece un hombre con el rostro borroso, vestido de camiseta gris, bermuda de jean y sandalias negra con los brazos adelante esposados. A su lado está un funcionario del CTI vestido de uniforme gris y botas negras. Detrás de ellos hay un pendón azul que dice Fiscalía General de la Nación.
El hombre de 23 años cuando fue capturado por el CTI en el barrio Black Dog de la isla.

De acuerdo con la investigación, el hombre le habría pedido a la mujer que lo ayudará a conseguir un dinero prestado y como ella no le respondió, al parecer, la golpeó en su cabeza.

Momentos después, se presume que, la hirió con arma blanca en el brazo y con objeto contundente la golpeó de nuevo en la cabeza y el estómago hasta que perdió el conocimiento.

Vecinos que se encontraban cerca de la residencia, lograron auxiliarla y trasladarla al hospital donde le brindaron atención médica.

El procesado que fue capturado el pasado 7 de septiembre, en el barrio Black Dog por funcionarios del CTI de la Fiscalía.

La Fiscalía habla con resultados.

 

MEVA/MG/TAM/DSSPS

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.