El señalado agresor fue imputado por el delito de feminicidio agravado. 

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Nicolás Camilo Rodríguez Pacheco, quien le habría causado la muerte a su compañera sentimental en hechos ocurridos el pasado 11 de abril, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá. 

La comunidad alertó a la Policía Nacional sobre los gritos desesperados que provenían del apartamento en el que vivía la pareja. Varios uniformados llegaron al lugar, golpearon la puerta y fueron recibidos por el señalado agresor. Al ingresar a la vivienda encontraron a la mujer tendida en el piso con varias heridas en el pecho, el hombro, la espalda y una mano. A un costado, ubicaron un cuchillo manchado de sangre. 

De inmediato, la víctima fue trasladada al Hospital de Suba, horas después falleció. A Rodríguez Pacheco también lo llevaron a un centro asistencial porque presentaba varias lesiones. Luego de ser sometido a una intervención quirúrgica y recuperarse fue notificado del proceso judicial que avanzaba en su contra. 

Videos de cámaras de seguridad reafirman que este hombre fue la única persona que entró al inmueble donde ocurrió el ataque. Además, el hallazgo del arma cortopunzante y las labores investigativas realizadas dan cuenta de su posible autoría. En ese sentido, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado. 

Nicolás Camilo Rodríguez Pacheco no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. 

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

FAGH/JARG/MCCH/JMM/SB/MRC/ 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.