La Fiscalía estableció que sostenía disputas violentas por el control de las actividades de narcomenudeo y el cobro de extorsiones en Cúcuta.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Ramón Alberto Mendoza Yanes, el señalado cabecilla urbano de la estructura ilegal ‘Los Pelusos’ que estaría involucrado en homicidios y agresiones violentas contra personas que disputaban o se oponían a las actividades de venta de estupefacientes y cobro de extorsiones en Cúcuta (Norte de Santander).
La investigación permitió conocer que, producto del control ilícito que intentaba ejercer este ciudadano venezolano, presuntamente ordenó el asesinato de dos de sus connacionales, en hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2021, en un hotel ubicado en el centro de la ciudad.
Asimismo, sería el responsable de un ataque armado sucedido el 22 de enero de 2022, que dejó una persona gravemente herida. De igual manera, hay abundante material de prueba que lo vincularía a la exigencia de dinero a comerciantes y transportadores para permitirles trabajar en los sectores de El Callejón y la terminal de transportes.
En ese sentido, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Mendoza Yanes los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y concierto para delinquir agravado. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Este hombre fue capturado en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía y la SIJIN de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CMRM/JARG/DECOC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
