La Fiscalía General de la Nación judicializó a Diego Raúl Patiño Rojas, alias Gedioco, quien fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por su aparente responsabilidad en extorsiones a comerciantes y campesinos en los municipios de Recetor y Chámeza (Casanare). Estas acciones las harían a nombre de grupos al margen de la ley que delinque en ese departamento.

El capturado aparece esposado con sus manos a la espalda, y en una mesa delante de ellos están los elementos incautados como una granada, panfletos alusivos a grupos al margen de la ley, munición, un celular.
Alias Gedioco deberá responder ante las autoridades por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de armas, desde una cárcel donde fue enviado por solicitud de la Fiscalía.

Durante una diligencia de allanamiento y registro realizada por el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional a una vivienda del corregimiento de Pueblo Nuevo, zona rural de Recetor (Casanare) donde se encontraba ‘Gedioco’, fue posible incautar una granada de fragmentación, munición, documentos alusivos a los grupos armados ilegales, equipos de comunicación y una motocicleta.

Patiño Rojas fue capturado en flagrancia durante dicho operativo. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

Esta información se publica por razones de interés general.

 

 

 

 

 

LAZL/LMFO/MAGA/APS/DSC/

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.