Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario a Andrés Alexander Silvano, alias El Indio o Silvano, presunto integrante de las disidencias del frente 48 de las disidencias de las Farc con injerencia criminal en Putumayo.

Este hombres sería el determinador principal de los homicidios selectivos en Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito y La Hormiga. Asimismo, se le atribuyen secuestros extorsivos y amenazas contra comerciantes, ganaderos y trasportadores en el sur del país.
Uno de los hechos por los que es investigado ocurrió el 20 de agosto de 2020. ‘El Indio’ habría secuestrado a dos personas por una posible diferencia que tendrían las víctimas con la estructura armada ilegal. Adicionalmente, se estableció que Andrés Alexander Silvano también estaría vinculado a actividades de narcotráfico y la custodia de cristalizaderos de cocaína en inmediaciones del río Guamuez (Putumayo).
Esta persona, presuntamente, hizo parte de la estructura criminal La Costru. Anteriormente, había sido detenido y judicializado por porte de armas y de estupefacientes en Valle de Guamuez. Al recobrar la libertad, al parecer, continuó sus actividades delictivas en la región.
En esta oportunidad, alias El Indio fue capturado en un operativo de la Fiscalía, el Ejército Nacional y la Policía Nacional en Puerto Asís (Putumayo). Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de secuestro agravado y hurto.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMBG/JARG/DECOC.
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.