Labores investigativas entre Fiscalía y Policía fueron determinantes para identificar, capturar y judicializar a cinco presuntos integrantes de esta red ilegal. Una de las procesadas es una mujer que tenía detención domiciliaria por hechos similares.
Actividades investigativas realizadas por la Seccional Boyacá de la Fiscalía, en contra de las estructuras dedicadas tráfico de estupefacientes, permitieron impactar una red encargada de comercializar marihuana y bazuco en el casco urbano de Sogamoso.
Entre los detenidos está Sandra Patricia Rodríguez Rodríguez, quien ya había sido judicializada por actividades similares; razón por la cual cumplía medida de aseguramiento en su residencia.
Registros fílmicos obtenidos por los investigadores de la Sijin de la Policía Nacional, permitieron identificar parques, zonas residenciales y entornos escolares como los puntos estratégicos definidos por la red ilegal para incurrir en el delito.
La Fiscalía cuenta con indicios sobre la posible instrumentalización de menores de edad en la venta de los alucinógenos; también serían forzados a consumirlos. Las rentas ilícitas obtenidas por el narcomenudeo ascenderían a 5´000.000 de pesos mensuales.
Además de Rodríguez fueron procesados Roxana Coromoto Mejías, Alberto Morales, Jhorman Javier, Murcia Cauro y Janny Yajaira Castellanos Canelon; posiblemente responsables de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos imputados.
Por petición de la Fiscalía, todos los capturados deberán cumplir medidas privativas de la libertad.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/ERLC/SFB.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
