Serían los responsables de legalizar algo más de 25.000 millones de pesos, a través de empresas fachadas dedicadas a la explotación de carbón.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pablo Hernán Martínez, alias El Boyaco; Dixon Heraldo Tequía Gómez, alias El Gordo; y Jessica Manuela Rodríguez, los posibles articuladores principales de una red delictiva señalada de legalizar recursos del narcotráfico.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos, lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados.
Estas personas se habrían articulado para constituir empresas fachadas dedicadas a la explotación de carbón de piedra con bajos capitales y sin respaldo financiero, pero que arrojaban altos rendimientos en cortos periodos. Asimismo, estarían involucrados en la compra de bienes muebles e inmuebles y de realizar inversiones con recursos provenientes del envío de clorhidrato de cocaína en aeronaves desde pistas clandestinas de Colombia y Venezuela con destino a Estados Unidos y países de Centroamérica para el Cártel de Jalisco Nueva Generación y otras estructuras criminales de alcance trasnacional.
Los cálculos preliminares indican que con estas maniobras presuntamente ocultaron y le dieron tránsito a algo más de 25.000 millones de pesos, y desestabilizaron la seguridad pública en Costa Rica, México, Estados Unidos y Brasil.
Los elementos de conocimiento indican que alias ‘El Boyaco’, al parecer, se encargaba de crear las compañías fachada; alias El Gordo sería uno de los financiadores principales, y Jessica Manuela Rodríguez estaría vinculada al flujo de dinero en efectivo.
Esta información se publica por razones de interés general
JP/JARG/AL/DECLA/ALT/DFC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
