Las cuotas ilícitas que imponía dependían de las hectáreas cultivadas que tenían las víctimas.
Las denuncias de los comerciantes y agricultores, especialmente del sector arrocero de Casanare, en las que indicaban que eran víctimas de extorsiones e intimidaciones, fueron el punto de partida de una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación contra una estructura del ‘Clan del Golfo’ que tendría injerencia en el oriente del país.
Las evidencias y los elementos materiales de prueba recopilados permitieron identificar a José Arandú Segua, alias Guandú o Fermín, quien sería el cabecilla de ese grupo armado ilegal, y el principal articulador de extorsiones y otras conductas delictivas.
Este hombre fue capturado en Yopal (Casanare), en una diligencia realizada de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), unidades del Gaula del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Un fiscal de la Seccional Casanare lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Alias Guandú o Fermín es el presunto responsable de imponer cuotas ilícitas a los arroceros y agricultores de Yopal, Aguazul y otras poblaciones de Casanare. Al parecer, les exigía entre 30.000 y 90 millones de pesos. La suma variaba según las hectáreas que las víctimas tenían cultivadas y en producción.
En el curso de la investigación se estableció que esta persona habría asumido el control del ‘Clan del Golfo’ en la región, luego de la reestructuración de la organización producto de la muerte de Robinson Oquendo Guisao, alias Camilo, en una operación policial ejecutada en Mapiripán (Meta) en septiembre de este año.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
