Por solicitud de la Fiscalía, un juez penal municipal con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramuros en contra de tres hombres, señalados de hacer parte de la banda delictiva Los Chorreros.
En audiencias concentradas el ente investigador les imputó cargos a Hernán Arroyo Moreno, Alfonso Villareal Díaz y Óscar Andrés Flores Valverde, como presuntos coautores de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de bien inmueble; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones; utilización de uniformes e insignias militares; y fuga de presos, cargos a los que no se allanaron.
Por información de una fuente humana, la Fiscalía evidenció la existencia de un grupo de personas que estaría utilizando un inmueble en el barrio El Portal del Río, para el almacenamiento de armas de fuego, así como la venta y distribución marihuana, cocaína y bazuco.
Mediante un trabajo de campo, recepción de testimonios y labores de vecindario, personal de policía judicial recaudó una serie de evidencias que permitió abrir la investigación penal por estos hechos e identificar a los supuestos integrantes de ‘Los Chorreros’.
Los cuatro procesados fueron detenidos por agentes de la Sijín de la Policía Nacional, junto con soldados del Ejército Nacional, en un operativo de registro y allanamiento a la citada vivienda, donde incautaron dosis de cocaína, bazuco, dos armas de fuego, un proveedor para pistola 9 milímetros, munición, brazaletes alusivos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), un chaleco multipropósito, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, una gramera y dos teléfonos celulares.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/LV/DLBM.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
