En hechos distintos, la Fiscalía General de la Nación judicializó ante jueces de control de garantías, a tres presuntos implicados en el delito de violencia intrafamiliar agravada. Los casos se registraron en Cali (Valle del Cauca).
El primer ataque ocurrió el 8 de diciembre del 2022, en el barrio La Nueva Floresta, donde Jhon Jairo Martínez Campaz habría agredido física y verbalmente a su ex compañera sentimental.
De acuerdo con la denuncia instaurada por la víctima, Martínez Campaz la habría maltratado en varías oportunidades. La última fue el pasado 5 de marzo, cuando ella departía con unos vecinos y no se entró a la casa cuando él le dijo.
El segundo hecho ocurrió, el pasado 22 de marzo, cuando Merlín Antonio Ramírez Urrutia habría golpeado a su compañera sentimental porque no estaba en la casa. Se presume que, la mamá del presunto agresor también fue agredida física y verbalmente cuando intentó defender a la nuera.
Asimismo, la Fiscalía investiga a Álvaro Javier Supelano Moriones, por los hechos ocurridos el pasado 6 de febrero, en el barrio Chapinero. Las investigaciones dan cuenta de que el hombre, al parecer, golpeó e hirió con arma cortopunzante a su compañera sentimental, cuando ésta se habría negado a sostener relaciones sexuales con él. Dicha conducta ilícita, al parecer era reiterativa.
En audiencias concentradas, jueces de control de garantías privaron de la libertad a los tres procesados, quienes no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía.
En lo corrido del 2023, la Seccional Cali ha alcanzado el 80,36% de casos resueltos por violencia intrafamiliar.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
